REGULACIÓN PÚBLICA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA: LA UNIÓN EUROPEA Y LA ARGENTINA

Por Javier Ortega


Sumario

1. Introducción.

2. La Unión Europea.
2.1. La necesidad de garantir la soberanía alimentaria en la Unión Europea: La Política Agrícola Común.
2.1.1. Las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM)
2.1.2. Política de precios, ayudas y primas de la PAC
2.1.3. Tipos de intervención específicas en el mercado
2.1.3.1. Fijación de precios
2.1.3.2. Concesión de ayudas.
2.1.3.3. Controles a la producción.
2.1.3.4. Control de importaciones.
2.1.3.5. Control de Exportaciones
2.2. Consideraciones

3. La evolución de la institucionalidad argentina en materia de regulación agropecuaria.
3.1. La Crisis del 29: Cambio de paradigma del comercio internacional
3.1.1. Sustitución de importaciones
3.1.2. Aparición de las Juntas Reguladoras.
3.1.2.1. La Junta Reguladora de Granos.
3.2. El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI).
3.3. La Junta Nacional de Granos.
3.4. El advenimiento del neoliberalismo en los años 90: la desregulación total.
3.5. La ONCCA

4. El contexto actual impuesto por el alza de precios mundial de los alimentos. Un Estado con escasa institucionalidad reguladora.
4.1. La Argentina frente al crecimiento mundial de la demanda alimentaria: Oligopolio privado y Estado desmantelado para hacer frente a un aluvión.
4.1.1 Los Derechos de Exportación (Retenciones).
4.1.2. Los grupos privados que regulan la exportación de alimentos
4.1.3. La concentración del capital.
4.1.4. La concentración del capital y sus consecuencias para el consumo interno.

5. Algunas conclusiones.

6. Bibliografía.



Regulación pública en materia agropecuaria y soberanía alimentaria: La Unión Europea y la Argentina



1. Introducción
“La comida ha dejado de ser el producto barato de antaño. Los precios al alza de los alimentos están destinados a empeorar el nivel actual inaceptable de carencia de alimentos de 854 millones de personas”.“Estamos enfrentándonos al riesgo –advirtió- de que el número de personas que pasan hambre aumente en muchos más millones“ (Hafez Ghanem, 2008)[1]

El dato explicitado en un mundo que produce alimentos suficientes para afrontar los requerimientos nutricionales de toda su población, vuelve a demostrar a las claras la ineficiencia del mercado para constituirse per se en asignador de recursos.
Es ostensible que en cuestiones de seguridad alimentaria, dejar librado el tópico a las fuerzas del mercado en el plano internacional implica ya no vulnerar la oportunidad de la construcción de un Desarrollo armónico. Conlleva directamente atentar contra las posibilidades de supervivencia del género humano como especie. A escala nacional o comunitaria, el abandono del Estado de su rol de regulador a través de políticas públicas activas y la institucionalidad que permita viabilizarla equivale a la renuncia de la soberanía alimentaria[2] del Estado o comunidad que ejerza ese abandono.
En este trabajo analizamos comparativamente cuales fueron las respuestas a estos desafíos ensayados por la Unión Europea como comunidad de estados, por una parte, y por la otra la Argentina.
2. La Unión Europea.
Las dos guerras mundiales ocasionaron la ruina de los países europeos y su sustitución, en el pináculo de la hegemonía mundial, por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética.
Tomando consciencia de esto y montados en su rápida recuperación económica de la posguerra, los países de la Europa occidental confluyen en la voluntad de cooperación recíproca. Los objetivos eran evitar las catástrofes de un nuevo conflicto, realizar una alianza maximizadora que les permitiera competir con las superpotencias EEUU y URSS, propendiendo a la autonomía económica y el bienestar.
Orientado a estos móviles, en el año 1951 se suscribe el Tratado de París que crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y que comprendía a seis países: la entonces República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Francia.
En 1957, los Estados signatarios del Tratado de París firmaron los Tratados de Roma, por los que se constituyeron dos nuevas Comunidades: la Comunidad Económica Europea (CEE) para el establecimiento de una unión aduanera que garantizase la libre circulación de mercaderías, personas, servicios y capitales, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), con el fin de desarrollar la energía nuclear.
Los tres instrumentos enunciados (CECA, CEE y EURATOM), reformados en Luxemburgo y la Haya en 1986, y en Ámsterdam en 1997 para proveer a una mayor integración e institucionalización, constituyen la base de la Unión Europea, que actualmente engloba a veinticinco países europeos.
2.1. La necesidad de garantir la soberanía alimentaria en la Unión Europea: La Política Agrícola Común.
La Política Agrícola Común de la UE (PAC) es uno de los elementos esenciales del sistema institucional de la Unión Europea (UE). La PAC se crea en los años sesenta para resolver el déficit en la producción alimentaria de una Europa que no alcanza a cubrir sus propios requerimientos.
Los Tratados de Roma que establecieron la PAC, dispusieron que la UE debía:
· Incrementar la productividad
· Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola
· Estabilizar los mercados
· Garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables.
La PAC garantiza el suministro de una amplia gama de productos alimenticios de calidad intentando que los precios sean razonables. Gracias a la PAC, la UE se convirtió en el segundo exportador de productos agrícolas a nivel mundial.
La PAC insume 50.000 millones de euros anuales a la UE, el 50% del presupuesto comunitario. Sin embargo, su gravitación en el PIB de la UE esta descendiendo (43% en 2004) y se espera que disminuya más en los próximos años (33% en 2013).
La reforma del año 2003, modificó las maneras de intervención con las que la UE apoya al sector agrícola, ya que establece que los subsidios al sector agrícola sean desvinculados de la producción (desacoplamiento). Esto significa que el subsidio que se le abona al agricultor será independiente de lo que éste produzca. Este pago estará sujeto al cumplimiento a la condicionalidad, que es la observancia de buenas prácticas agrarias y medioambientales.
Para cobrar las ayudas de la PAC, es obligatorio para el agricultor desempeñar una serie de trabajos destinados a mantener el medio ambiente, mejorar la calidad y la salubridad de los productos. De lo que tenemos que el trabajo del agricultor europeo se direcciona en algunos casos no tanto a incrementar el rinde de su producción, sino a la preservación del medioambiente, del suelo y de las características de la eco-región donde el tiene asiento.
Un elemento esencial de la PAC es la libertad de circulación de los productos agrícolas dentro de la UE y la adopción de políticas fuertemente proteccionistas que le garantizan a los agricultores europeos un nivel de ingresos suficiente, ya que lo eximen de la competencia con productos de terceros países. Con el objetivo de financiar la PAC, se creó el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).
2.1.1. Las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM)
Las Organizaciones Comunes de Mercados son acuerdos específicos que regulan la producción y el comercio de productos agrarios. Desde la adopción de la PAC, las OCM han ido reemplazando a las organizaciones nacionales de mercado. Actualmente comprenden el 90% de la producción agraria de la UE. Por productos, las OCM que hoy funcionan son las siguientes:
· Arroz
· Azúcar
· Carne de ovino y de caprino
· Carne de porcino
· Carne de vacuno
· Cereales
· Floricultura
· Forrajes desecados
· Frutas y verduras
· Frutas y verduras transformadas
· Huevos y aves de corral
· Lino y cáñamo
· Lúpulo
· Materias grasas (entre ellas, aceite de oliva y oleaginosas)
· Plátanos
· Productos lácteos
· Semillas
· Tabaco
· Vino
· Otros productos agrícolas
Las OCM intervienen en el mercado a través de las siguientes políticas:
Tipos de políticas OCM
Productos afectados
Intervención y ayudas a la producción
Leche y productos lácteos (a partir de 2005), carne de vacuno, arroz, aceite de oliva, cereales, ovinos, oleaginosas, pasas.
Intervención
Azúcar, leche y productos lácteos, vino, carne de porcino, frutas y hortalizas frescas.
Ayudas a la producción
Lino y cáñamo, forrajes desecados, productos transformados a base de frutas y hortalizas, tabaco, lúpulo, semillas, caprinos, plátanos.
Protección arancelaria
Aves de corral, huevos, otras materias grasas, plantas vivas y productos de la floricultura, productos no sujetos a ninguna organización común de mercados particular.

2.1.2. Política de precios, ayudas y primas de la PAC
Las organizaciones comunes de mercados permiten, fundamentalmente, fijar un mismo precio para los productos agrarios en todos los mercados europeos, conceder ayudas a los productores o profesionales del sector, instaurar mecanismos que permitan controlar la producción y organizar los intercambios con terceros países. Se fomenta asimismo la constitución de organizaciones de productores que agrupen a los agricultores. Otras disposiciones regulan las ayudas estatales en favor de los productos considerados y las relaciones entre los Estados miembros y la Comisión Europea.
2.1.3. Tipos de intervención específicas en el mercado
2.1.3.1. Fijación de precios
A propuesta de la Comisión Europea y previa consulta al Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, por mayoría cualificada, o bien la Comisión Europea, fijan al comienzo de cada campaña de comercialización, tres precios distintos, a saber: el precio indicativo, el precio de umbral, y el precio de intervención de los productos.
El precio indicativo representa el precio que debería aplicarse en las transacciones. Se aproxima a los precios que los productos considerados pueden normalmente alcanzar en el mercado comunitario.
El precio de umbral es el precio mínimo al que pueden venderse los productos importados. Este precio promueve que los operadores económicos comunitarios se abastezcan en la Comunidad Europea.
El precio de intervención es el precio garantizado que, de no alcanzarse, obliga a los organismos de intervención designados por los Estados miembros a comprar las cantidades producidas y almacenarlas.
2.1.3.2. Concesión de ayudas.
Las ayudas que se conceden consisten en pagos por superficie, ayudas a la producción y compensaciones. También se concede financiación con vistas a favorecer la comercialización. También hay ayudas destinadas a alentar el abandono de determinadas producciones o la reconversión de tierras y explotaciones.
2.1.3.3. Controles a la producción.
Con el fin de limitar los excedentes y el almacenamiento de productos, se prevén cuotas (cantidades máximas que se permite producir al agricultor) y se fijan cantidades nacionales garantizadas (cantidades máximas asignadas a los Estados miembros).
2.1.3.4. Control de importaciones.
Dentro del marco de las políticas de la PAC, se puede implementar distintas exigencias administrativas que limiten la discrecionalidad de los importadores. También se ha establecido un sistema de exacción única a la entrada en la Unión Europea de numerosos productos, con objeto de evitar que los precios de las importaciones sean inferiores a los comunitarios. Algunos productos están sujetos a los gravámenes fijados por el arancel aduanero común, en tanto que otros están exentos. Existen asimismo sistemas mixtos.
Pueden adoptarse medidas de salvaguardia, incluida la suspensión de las importaciones, cuando éstas puedan ocasionar graves perturbaciones en el mercado comunitario.
2.1.3.5. Control de Exportaciones
La Unión Europea subvenciona sus exportaciones con el objeto de que sus precios se sitúen a niveles internacionales competitivos.
2.2. Consideraciones
Como se vio, el resguardo en la Unión Europea de su soberanía alimentaria, el mantenimiento de la población rural en el campo, la preservación del medioambiente y la biodiversidad, la calidad e inocuidad de los alimentos que produce, la competitividad de su producción y el alto estándar de consumo de sus habitantes no son producto del libre juego de las fuerzas del mercado, sino de sus políticas públicas activas. La regulación estatal es profusa, intensiva, y las herramientas institucionales con las que cuenta la Unión Europea para ejercerlas son variadas y de una organización sofisticada.
Regulación vasta y amplitud del aparato estatal que la ortodoxia liberal execra en el hemisferio sur. Vamos ahora a él para ver que sucede en la materia, particularmente en un país: La Argentina.
3. La evolución de la institucionalidad argentina en materia de regulación agropecuaria.
3.1. La Crisis del 29: Cambio de paradigma del comercio internacional
La crisis internacional del año 1929 entre sus múltiples consecuencias, también quebró el esquema del comercio mundial expansivo al que la Argentina se había integrado halagüeñamente. La inserción argentina se había producido sin diversificar su economía, con una fuerte dependencia de la demanda internacional para sus productos primarios (modelo agro-exportador del monopsonio europeo) y también una fuerte dependencia de la oferta internacional de productos manufacturados y de financiamiento.
Por otra parte los cambios del panorama internacional desfavorables a la Argentina no solo se centran en las consecuencias de la crisis, sino también en variaciones tecnológicas y socioeconómicas a nivel global. De 1870 a 1930, las dos terceras partes de las exportaciones que se transaban estaban integradas por productos primarios. Esta participación disminuye a un 46% en 1960 y a un 35% en 1970. Es que sucede que, a medida que los ingresos de la población de los países centrales crecen, se modifica la composición del gasto. Se tiende a gastar menos en alimentos y más en servicios y en productos industriales. Productos industriales que la Argentina no producía.
El avance tecnológico por otra parte determina el aumento de la productividad por cada hombre ocupado. Si esto se conjuga con una demanda de alimentos que va perdiendo fuerza, el resultado es una caída de los precios agropecuarios con el consecuente deterioro de los términos de intercambio[3] para países exportadores de bienes primarios e importadores de manufacturas.
La disipación del dinamismo y de la rentabilidad en las exportaciones de productos primarios[4] altera seriamente la capacidad de pagos externos, lo que es nocivo en un país como la Argentina que tenía un esquema altamente dependiente del financiamiento para solventar sus inversiones. Y también dependiente de la producción de manufacturas foráneas para abastecer una demanda interna diversificada pero sin su correlato productivo nacional de bienes industriales para satisfacerla.
El Reino Unido no solo habría de astringir sus compras a la Argentina. Ante la merma de incentivos comerciales que ofrecía el esquema primario exportador argentino[5], el país pierde interés como destino de inversiones. Por lo que el Reino Unido constreñirá las suyas a la Argentina. De hecho, desde finales de siglo XIX y principios del XX, la Argentina había sido el primer país destino de la inversión extranjera británica, que se canalizaba a ferrocarriles, frigoríficos, puertos, servicios públicos e intermediación financiera. La dependencia, generada con el Reino Unido por ser éste a su vez el principal comprador de la producción agropecuaria argentina, daba a nuestro país el denominado carácter de “colonia no formal del Imperio Británico”, apelativo que muchos historiadores coinciden en utilizar para caracterizar esta etapa de nuestra historia.
Al igual que los demás países centrales, luego de la crisis del 29 el Reino Unido prefiere colocar sus capitales allá donde encuentra mayor seguridad por tener un control político sin intermediarios, y en donde no sea necesaria la conversión de su divisa, la libra esterlina. Luego, los países integrantes comunidad británica serán el espacio ideal para que el Reino Unido canalice sus flujos dinerarios.
Los problemas en la obtención de divisas (antes habidas sin inconvenientes por agro exportaciones dinámicas) dificultarían las posibilidades de importar bienes manufacturados para satisfacerlas necesidades de la demanda interna preexistente. Esto, enlazado con políticas proteccionistas ensayadas por el país a su vez para desalentar importaciones en la búsqueda de reestablecer el equilibrio en la balanza de pagos, hace nacer un proceso argentino de industrialización por sustitución de importaciones. La razón es que es más rentable para los actores económicos locales adquirir artículos manufacturados en el país, ya que los mismos resultan más baratos, que importarlos desde el exterior.
3.1.1. Sustitución de importaciones
En el país se registra entonces un aumento en la producción nacional de bienes manufacturados. En una primera etapa, la sustitución de importaciones se produce a través de la producción de bienes de consumo finales[6] por parte de industrias tradicionales (textil, calzado, ropa, línea blanco, etc). Este tipo de industrias requería de inversiones, tecnología y escala[7] más modestas para ser eficientes. Ahora, cuando se completa la primera etapa sustitutiva, las sinergias e interdependencias que se producen en la constitución y crecimiento del tejido industrial nacional impulsan naturalmente a la necesidad del desarrollo de la industria de vanguardia o dinámica, la que es productora de bienes de capital[8]. Esta última es intensiva en inversiones, tecnología y requiere de escala para ser eficiente.
El financiamiento del crecimiento industrial en este período se hizo a través de transferencia de las divisas obtenidas por el sector agrícola en favor del sector Industrial.
Tenemos entonces que hasta el momento previo a la crisis del 29 las políticas librecambistas podían sustentar un crecimiento económico nacional sin necesidad de mayor regulación e intervención estatal en el complejo agro-productor y la comercialización del producido del mismo. Posterior a la crisis y cambiado el contexto internacional, una intervención más fuerte se hizo indispensable. Veamos los mecanismos por los que esta acción estatal reguladora se canalizó.
3.1.2. Aparición de las Juntas Reguladoras.
Los precios agropecuarios internacionales se vieron distorsionados por las políticas intervencionistas y proteccionistas que ensayaban los países que tenían vínculos comerciales con Argentina. A comienzos del año 30 caen los precios de los productos agropecuarios que Europa demandaba a argentina.
Precios internos e internacionales del trigo, maíz y lino (por 1.000 kg)
Años
Trigo
Maíz
Lino
$ctes.
FOB u$s*
$ctes.
FOB u$s*
$ctes.
FOB u$s*
1928
107,1
45,76
87,5
34,52
153,0
64,95
1929
93,5
39,91
79,0
31,62
202,0
70,61
1930
87,1
34,27
58,2
18,98
109,5
62,29
1931
51,3
16,97
39,6
11,67
101,4
32,17
1932
60,4
16,87
43,2
11,71
81,8
23,37
1933
50,6
23,08
38,3
16,46
99,5
43,15
1934
57,2
14,06
53,5
18,23
119,9
40,92
1935
69,0
22,58
45,3
14,56
115,6
38,74
1936
94,8
33,72
49,9
17,23
135,5
46,05
1937
129,8
40,17
65,8
21,06
148,9
50,05
* Producto de dividir el total de dólares ingresados valor FOB por la exportación del cereal por la cantidad exportada ese año.
FUENTE: Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Número Estadístico 1987.

El Estado argentino, concordante con lo que venían realizando los otros países, ve la conveniencia de regular las actividades de comercio de los productos agropecuarios. En la mayoría de los casos lo hizo a través de la creación de juntas reguladoras.
Aparecen diversas juntas reguladoras por producto agropecuario que intervienen en el mercado. Las principales a saber:
Creación de juntas y comisiones reguladoras y asesoras
Organismo
Fecha de creación
Comisión Nacional de Azúcar
11-5-28
Comisión Nacional de Fibras Textiles
14-1-31
Comisión Nacional de Fomento Industrial
15-1-31
Comisión Nacional de Patatas
8-7-31
Comisión Nacional de Extracto de Quebracho
15-7-33
Dirección Nacional de Elevadores de Granos
7-10-33
Junta Nacional de Carnes
7-10-33
Junta Nacional de Yerba Mate
8-11-33
Junta Reguladora de Granos
28-11-33
Junta Reguladora de la Industria Lechera
12-4-34
Comisión Nacional del Aceite
5-6-34
Comisión de Productos Alimenticios Nacionales
30-6-34
Junta para Promover Exportaciones de Carne
27-7-34
Comisión Nacional de la Industria Vitivinícola
11-8-34
Junta Nacional para Combatir la Desocupación
21-8-34
Junta Reguladora de Vinos
24-12-34
Comisión de Harinas
13-4-35
Comisión Nacional de Algodón
27-4-35
Comisión Nacional de Granos y Elevadores
5-10-35
Comisión de Fruticultura
12-12-35
Comisión de Préstamos de Semillas
22-2-3
Comisión de Petróleo y demás Hidrocarburos
8-5-36
Comisión Consultiva Nacional de Bosques
3-6-36
Comisión Nacional de Coordinación de Transportes
5-1-37
Comisión Nacional del Carbón Vegetal
12-6-37
Junta Consultiva de la Industria Molinera
14-5-38
Comité Asesor de Lanas
24-5-38
Comisión de Control de Abastecimiento
8-9-39
Consejo Agrario Nacional
21-8-40
FUENTE: Alejandra Bunge, Una Nueva Argentina, Ed. G. Kraft Ltda., Buenas Aires. 1940, pp. 271-273.

Las atribuciones de estas juntas, comisiones y comités reguladores de las distintas producciones agropecuarias pueden ser sintetizadas a través de la aproximación a una de las más importantes de ellas: la Junta Reguladora de Granos.
3.1.2.1. La Junta Reguladora de Granos.
La caída de los precios de los granos a partir de 1929, con las distorsiones en el mercado producidas por el dumping norteamericano, junto con entrada de la producción agrícola de la URSS y las tarifas proteccionistas impuestas en Europa propiciaron la intervención estatal específica en la materia. Ya en lo que hace al aspecto local, el país tenía problemas de infraestructura para el acopio y transporte de los cereales, conjugado con la poca disposición del sector privado para realizar inversiones en la materia. Esto se conjugó con el tipo de cambio fijo que no pudo compensar la caída de los precios internacionales.
En este contexto fueron varios los sectores que empezaron a pedir que se fijara un precio mínimo para ciertos granos. Como respuesta se crea la Junta Reguladora de Granos por el decreto 31.864 que en sus artículos 2, 3 y 4 establecía:
Art. 2°: Por conducto del Departamento de Agricultura se establecerán periódicamente los precios básicos del trigo, lino y maíz, teniendo en cuenta las cotizaciones vigentes en cada fecha y el incremento que les corresponde por el mayor valor de las letras de exportación.

Art. 3°: La Junta Reguladora de Granos comprará todo el trigo, lino o maíz que se le ofrezca a los precios básicos, y lo venderá a los exportadores, conforme a los precios del mercado internacional, con destino exclusivo a la exportación.

Art. 4°: La diferencia entre los precios de compra y de venta de dichos granos, así como los gastos de la Junta Reguladora, se cubrirán con los recursos del Fondo de Cambios constituido por el margen entre el precio de compra y de venta de las divisas disponibles y en ningún caso podrá ser mayor que ese fondo.

La intervención del Estado Nacional en los mercados agropecuarios se daba por la fijación de precios básicos y la compra bajo los mismos de la producción local que tenga por destino la exportación.
A mediados de la década del cuarenta llega al gobierno un movimiento que aglutinaba principalmente el apoyo de los trabajadores urbanos, una incipiente burguesía fabril y sectores militares nacionalistas que propendían a una creciente autonomía nacional. Esta alianza impulsaba la industrialización y el control nacional del capital como vehículo para lograr la independencia económica. La herramienta pragmática para lograr este objetivo sería que el Estado capte los excedentes de la renta agropecuaria y los destina a subsidiar a la industria y capitalizar el país. Esto se haría a través del IAPI.
En el año 1946 la Junta Reguladora de Granos, por el decreto 15.350 queda absorbida en el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio.
3.2. El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI).
Las concepción de la necesidad de la intervención del Estado en la economía y el auge del keynesianismo como doctrina económica se conjugaron en la Argentina con el advenimiento de un gobierno que se sustentaba en la alianza con los trabajadores urbanos a través de la elevación de sus pautas de consumo y acceso a bienes sociales. El desarrollo industrial era requisito ineludible en este contexto, lo que requería el fortalecimiento del rol del estado para intervenir la estructura productiva argentina caracterizada por su desequilibrio.
La estructura productiva desequilibrada, característica de los países latinoamericanos no siendo la Argentina excepción, se registra cuando una economía nacional tiene:
· Una alta competitividad de su sector primario, fundamentalmente motivado en sus ventajas comparativas estáticas como lo son las condiciones naturales favorables del suelo y el clima. La creatividad del hombre juega un rol secundario. Este sector no requiere protección del Estado para su insertarse en el mercado internacional con éxito.
· Coexistiendo con su sector primario eficiente, adolece a la vez de una baja competitividad de su sector secundario fabril, motivado en un insuficiente desarrollo tecnológico para originar la aparición de ventajas competitivas dinámicas, aquellas en donde la intervención de la creatividad del hombre es central. Para poder consolidarse, el sector secundario fabril precisa de fuerte protección y estímulo estatal.
El gobierno peronista utilizó diversos mecanismos para regular las relaciones económicas y promover el pleno empleo y la redistribución del ingreso. En esta inteligencia promovió el desarrollo del sector secundario fabril que es el que más puestos de trabajo genera de forma directa, e indirecta a través de los servicios a la actividad industrial.
La industrialización fue estimulada a través del crédito, medidas proteccionistas, impulso de la industria pesada básica como el acero. Se nacionalizaron las empresas de servicios públicos y el Banco Central, que pasó a controlar todas las operaciones de cambio. El gasto público se orientó a mantener un alto nivel de ocupación e incentivar la obra pública. Este estímulo a la industrialización se financió por medio de la transferencia en los excedentes de la renta generados en el sector agropecuario, en beneficio del desarrollo del sector industrial.
La regulación de la producción agrícola se operó a través de la fijación de precios para los cereales, subsidios, leyes que prorrogaron los arrendamientos rurales, sanción del Estatuto del Peón y comercialización por parte del Estado de las cosechas y su venta al exterior. La obtención de divisas, como es natural en una estructura productiva desequilibrada, dependía de la colocación en el exterior de su producción agropecuaria. La importancia que revestía el comercio de productos primarios fundamenta la creación del Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI).
“…No parece prudente suprimir la acción de promoción del intercambio, se piensa, por el contrario, en la necesidad de coordinar esa acción en forma orgánica y práctica, de manera que asegure positivos beneficios a la economía nacional, sirviendo para respaldar, tanto a los productores agrarios cuanto a los industriales, de toda perturbación del mercado… La conquista de nuevos mercados y el afianzamiento de los ya logrados, así como la provisión regular de materias primas y equipos que aseguren el desarrollo nacional de la economía del país, justifican asimismo una acción permanente de promoción del intercambio”[9].
Con estos dichos, el Presidente del Banco Central sugiere al ministro de hacienda la creación de un organismo autárquico nacional, que se organice para asumir estas competencias, siguiendo un criterio comercial pero persiguiendo una finalidad de bien común.
La creación del IAPI fue dispuesta por decreto 15.350 de mayo de 1946 y era parte del conjunto de medidas que Perón y su equipo de asesores habían proyectado. Por decreto 8.503 del 25 de marzo de 1946 se nacionaliza también el Banco Central de la República Argentina, el que en adelante funcionaría como entidad autárquica. A través de estas dos instituciones se intentará practicar una política económica que intentaría regular la producción total del país y el ahorro nacional.
El IAPI funcionó bajo la égida del Banco Central. El Banco Central sería el puente en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el IAPI. En el decreto se aclara que el Instituto no monopolizará las actividades privadas, sino que las complementara para beneficio de ellas.
Concebido como un organismo que accionará frente a las coyunturas internacionales buscando maximizar los beneficios de la comercialización de los productos, el IAPI tenía múltiples competencias. Era un organismo con funciones y atribuciones:
· Comerciales: Compraba la producción cerealera garantizando precio y colocación ya que luego se encarga de exportarla.
· Financieras: Otorgaba fondos a instituciones públicas y privadas para la compra de bienes de capital.
· Regulación del mercado interno: Con el monopolio estatal de la compraventa se fijaba los precios mínimos.
· Promoción: El IAPI otorgaba tratamiento especial a las actividades que se consideraban estratégicas.
· Garante del abastecimiento: El IAPI llegó a la expropiar de productos escasos, distribuyéndolos en forma directa a los consumidores.
· Otras: El IAPI también otorgaba subsidios, prestaba asesoramiento y ejercía el control para el cumplimiento de las normas de comercialización.
Sin duda que una de sus funciones primordiales era la venta de productos argentinos en el exterior al mejor precio. En un análisis histórico, encontramos que el IAPI ejerció el monopolio en la comercialización de productos agrícolas, en especial de trigo, comprando en el mercado interno y vendiendo en el internacional. Respecto de los productos ganaderos su gravitación fue menor desempeñándose como intermediario.
Las actividades del IAPI se vieron dificultadas por la tendencia internacional a la baja de los precios de los productos agropecuarios. A partir de 1949 la gravitación del IAPI merma, haciéndose cargo el sector privado cargo de gran parte del intercambio.
Como se mencionó, el IAPI desarrolló también actividades financieras con lo obtenido de los recursos provenientes de las exportaciones. Así fondeó al sector privado y subsidió a la producción agropecuaria, a la investigación, la lucha contra plagas y al desarrollo de la agroindustria.
Según Susana Novick[10], cuyo trabajo venimos siguiendo, al accionar del IAPI genero críticas que la autora sintetiza en tres líneas.
La primera de oposición total. Se sostenía que el IAPI afectaba la libertad de comercio y fomentaba la corrupción, siguiendo la línea ideológica tradicionalmente han adoptado los representantes de los grupos económicos concentrados nacionales que llevan adelante explotaciones extravertidas, rentísticas y extractivas. Por hegemonía cultural, este ideario caló hondo en el resto de la población argentina, sobre todo en sus clases medias que en muchos casos lo adopta como propio. Tal batería de preconceptos (que ha logrado entronizarse en la construcción de un “sentido común”) lleva a sospechar de viciada toda utilidad económica generada por el sector público, mientras presume de impoluta la apropiación de renta que lleva el sector privado. Las críticas de esta línea eran atizadas por el espectro ruralista terrateniente ya que las ganancias obtenidas por la actividad del IAPI se trasvasaban al sector industrial en vez de volver al agropecuario.
La segunda postura era de una defensa a ultranza del ente. Quienes lo hacían sostenían que IAPI sustituía la especulación de los acopiadores, comercializadores y exportadores privados de la producción agropecuaria. Sucedía que cuatro empresas exportadoras acaparaban el 90% de la producción. Estas eran Bunge & Born limitada, Luis Dreyfus y Cia, La Plata Cereal Co. y Louis de Ridder Limitada.
Hay una tercera postura que consiste en una defensa crítica. Quienes se enrolaban en esta línea argüían que las compensaciones, los anticipos y los subsidios que el Instituto otorgó a determinados sectores concentrados le impidieron expandir su financiamiento a actividades de inversiones para el desarrollo de la industria.
El rol del IAPI se complementó con otras políticas agropecuarias como el estatuto del peón, el congelamiento de los arrendamientos rurales, el aumento de la capacidad de transporte marítimo, el desarrollo de infraestructura de acopio y transporte, los subsidios a los productos de consumo masivo y la tecnificación rural.
Mediante la ley 13.668 del 30 de septiembre de 1949 el IAPI deja de pertenecer al sistema bancario oficial y pasa depender del Ministerio de Economía. Entre las reformas, se le vedan las operaciones de cambio y se modifica la composición del directorio donde pasan a tener representación trabajadores y productores del agro y del comercio. El Poder Ejecutivo controlaría más intensamente el desempeño del organismo que irá perdiendo independencia y gravitación como ente financiador de la capitalización del Estado.
La caída de los precios internacionales hacia 1948/49 colocó al IAPI ante una encrucijada: o ampliaba sus áreas de control, se expandían sus actividades comerciales, se desalojaba a las empresas del comercio exterior y se disminuían sus beneficios; o se compensaban quebrantos de las empresas privadas y se restringían sus funciones. Optando por esto último, el IAPI comenzó a dejar de ser el ente capitalizador nacional para transformase en un organismo subsidiador de la actividad privada.
En esta segunda tesitura, el IAPI comienza a recurrir al financiamiento bancario. La transferencia de los excedentes agropecuarios no se produce con la magnitud necesaria para desarrollar la industria pesada en el país. Por otra parte el déficit del IAPI aceleró el proceso de inflación.
Durante su última etapa a partir del año 1952, el IAPI se transforma en un asistente de la actividad privada, lo que hace a través del otorgamiento de subsidios o haciéndose cargo de empresas agropecuarias quebradas.
"Si bien el Estado dirigista defensivo de las décadas anteriores se había transformado -peronismo mediante- en un Estado Social o Benefactor, éste no había podido sustraerle a la burguesía agraria su poder económico; es más, debía aún garantizarle su tasa de ganancia"[11].
Las leyes 14.378 y 14.379 del 30 de septiembre de año 1952 crean el Instituto Nacional de Granos y Elevadores y el de Carnes, que de hecho implicaba despojar al IAPI de las funciones del organismo comercializador de la producción agropecuaria.
Para la última etapa del IAPI, este ya era netamente un organismo de subsidio de la actividad privada, tarea asumida que explica su déficit y no la corrupción, ni la ineficiencia burocrática ni mucho menos la capitalización del Estado, función que ya había dejado de lado.
Para Susana Novick, si bien el IAPI sufrió ambigüedades, contradicciones y definitivamente no modificó las bases del sistema económico en lo substancial (capitalista dependiente) fue el intento más serio por nacionalizar la economía e independizarla de los centros financieros internacionales.
Con el golpe de Estado de año 1955 del que resultó el abandono del proyecto nacional y popular y la restauración de la ideología de los grupos concentrados extravertidos y extractivo-rentísticos, el IAPI desaparece por el decreto N° 2.539 que dispone su liquidación. En la fundamentación el decreto afirmaba:
“Visto el propósito enunciado por este gobierno de dejar librada a la iniciativa privada el ejercicio de las actividades comerciales… Considerando que el IAPI se ha caracterizado no sólo por una desacertada gestión comercial y financiera, sino también por constantes e injustificadas intervenciones en distintos aspectos de la actividad económica…”.

La matriz ideológica del decreto es clara.
3.3. La Junta Nacional de Granos.
En el año 1963 se crea por el decreto-ley 6698 la Junta Nacional de Granos, cuyas funciones son:
· Control de las instituciones que intervengan en el comercio de granos.
· La clasificación y control de pesas y medidas.
· Reglamentar los contratos.
· Realizar estudios de mercado y estadísticas.
· Controles y cuidados sanitarios necesarios para la preservación y cura de los ataques de las plagas en todas las etapas de la comercialización.
· Proponer al poder ejecutivo los precios mínimos a fijar.
· Fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los precios mínimos de los granos y sus subproductos en las ventas al exterior.
· Fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los cupos de exportación para granos y subproductos.
· Cuando el poder ejecutivo lo disponga, ejercer el comercio interno o externo de aquellos granos y productos de la industria oleaginosa.
Si bien en el listado de atribuciones se registran funciones relacionadas con el poder de policía, las tres últimas de las enunciadas contemplan quizás las más importantes en materia de intervención: la posibilidad de que el Estado Nacional, a través de la Junta, fije precios, establezca cupos o realice directamente la comercialización de los granos y subproductos. El decreto lo autoriza a hacer por razones de defensa de la producción, o cuando la regulación del mercado lo hiciere necesario.
Otras Juntas reguladoras de otras producciones agropecuarias tenían potestades similares.
3.4. El advenimiento del neoliberalismo en los años 90: la desregulación total.
El neoliberalismo era la ideología en lo económico (como el neoconservadurismo de Thatcher y Reagan lo eran en lo político) de la globalización financiera. Globalización que en el orden público institucionalizaba y pautaba sus reglas de juego a través del gobierno de los Estados Unidos y de los organismos multilaterales de Bretton Woods controlados por aquel. Estos, unificaron su discurso pro maximización de la lógica financiera de la economía mundial en una serie de postulados conocidos como “El Consenso de Washington.”
El termino "Consenso de Washington" se debe al economista John Williamson. En su escrito del año 1990 titulado "Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas” Williamson concreta diez temas de política económica, en los cuales Washington (denominado así a la matriz política económica integrada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Congreso de Estados Unidos, la Reserva Federal y el Tesoro Norteamericano) está de acuerdo. Estos son:
a. La disciplina presupuestaria.
b. La reducción del gasto público.
c. La reforma fiscal encaminada a aumentar los ingresos vía impuestos.
d. La liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés.
e. La búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos que promuevan las exportaciones.
f. La liberalización comercial.
g. La apertura a la entrada de inversiones extranjeras
h. Las privatizaciones de empresas públicas.
i. La desregulación de la economía
j. La garantía a los derechos de propiedad.
Diáfano es ver que estos postulados son proclives a consolidar el poder económico y político de los actores privados trasnacionalizados. Esto se hace por medio de la institucionalización de reglas de juego que los favorecen, en desmedro de los Estados. Se buscaba entonces reducir la intervención estatal en la circulación de bienes, servicios y capitales (c,f,g,i) incrementar la capacidad de pagos de los países deudores (a,b,c,e) implementar mecanismos desposesorios alternativos para el cobro de la deuda (h) y proteger los intereses de los acreedores contra todo resarcimiento que pudieran pretender los Estados (j).
En la década del noventa, la recepción del neoliberalismo en Latinoamérica implicó una acelerada aplicación (sin nauseas por los costos sociales que originaban) de los preceptos del denominado “Consenso de Washington”. En el caso argentino y en lo referido a desregulación económica, existe una “pieza maestra” que condensa de forma eficaz, eficiente y en extremo gráfica la aplicación del ideario neoliberal. Se trata del decreto 2284 del año 1991.
El artículo 1 del decreto 2284/91 imponía:
Déjanse sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional, las limitaciones a la información de los consumidores o usuarios de servicios sobre precios, calidades técnicas o comerciales y otros aspectos relevantes relativos a bienes o servicios que se comercialicen, y todas las otras restricciones que distorsionen los precios de mercado evitando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda.
Así en el ámbito interno se entronizaba la regulación libre del mercado. Para el sector externo se redactaba el artículo 19 que establecía:
Suprímense todas las restricciones, los cupos y otras limitaciones cuantitativas a las importaciones y a las exportaciones para mercaderías, de acuerdo a lo que disponga la autoridad de aplicación.
Eliminadas las potestades regulatorias del Estado, el paso siguiente era la lata supresión de las instituciones montadas para ejercerlas. De este modo, por el artículo 34 se eliminan los entes reguladores:
Disuélvense todas las unidades administrativas, de rango inferior a Dirección Nacional, General o equivalente, responsables del cumplimiento de las intervenciones y controles suprimidos por el presente. El personal de las mencionadas unidades deberá ser reasignado a otras funciones dentro de las jurisdicciones respectivas.
Por un anexo del decreto se mencionaba con nombre y apellido cuales eran los entes que habían sido disueltos por el decreto. Naturalmente que se incluían la Juntas reguladoras de producción y comercialización agropecuarias, entre ellas las dos más importantes, la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes.
De este modo, perdiendo el Estado sus potestades reguladoras de intervención en los mercados, solo preservo aquellas que tienen que ver con el ejercicio del poder de policía administrativo. Al haber sido disueltas las Juntas reguladoras que las ejercían, pasaron a la esfera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentos y al Servicio Nacional de Sanidad Animal.
Con el correr del tiempo, se hizo en extremo evidente que, a pesar de la desregulación, era necesario contar con algún tipo de organismo especializado que pudiera aplicar las potestades remanentes de poder de policía estatal luego de la aniquilación de las facultades para intervenir en el mercado. Esta sintonía fina no podía hacerse desde una Secretaría de Estado con dimensiones burocráticas de un ministerio como lo es la Secretaría de Agricultura.
3.5. La ONCCA
En el año 1996, fue sancionado el decreto 1343 que creaba de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), un pequeño organismo bajo la esfera de la Secretaría Agricultura. La ONCCA asumía el ejercicio de las potestades de poder de policía de las extintas Junta Nacional de Granos y Junta Nacional de Carnes que habían pasado a la Secretaría de Agricultura. El objetivo era transparentar y controlar el comercio agrícola.
Por la misma dinámica intrincada de toda burocracia estatal, pero la inevitable necesidad de que el Estado intervenga a pesar del vacío de potestades que había producido el decreto 2284 del año 1991, la ONCCA tuvo que ir asumiendo más facultades. Una de ellas fue la distribución de la cuota Hilton. La cuota Hilton es el cupo de importación para cortes especiales de carne vacuna ofrecida por la Unión Europea que debe ser cubierta por frigoríficos argentinos. Frigoríficos cuya disponibilidad cuantitativa para la exportación excede largamente la cuota europea. Por lo que le toca a la autoridad gubernamental argentina establecer el criterio de quienes serán los que exportaran y en que cantidades lo harán cada uno hasta cubrir la cuota. Pues bien, la distribución de la cuota Hilton es una tarea que cae dentro de la esfera de atribuciones de la ONCCA.
Para atender también a problemas de desequilibrios productivos entre algunos rubros agropecuarios respecto de otros, se le encomienda a la ONCCA la asignación de subsidios a determinadas producciones.
No obstante, la posibilidad de intervenir en el comercio agropecuario fijando precios máximos y mínimos, o directamente comprando la producción continua estando vedada para el Estado argentino
4. El contexto actual impuesto por el alza de precios mundial de los alimentos. Un Estado con escasa institucionalidad reguladora.
Desde el año 1989 el PBI de China crece a un 9% anual. Con una tasa de inversión del 45% del PBI la economía China promete seguir expandiéndose. El país asiático, con 1313 millones de habitantes suma cada año 8 millones de habitantes más por crecimiento vegetativo. El crecimiento poblacional conjugado con el económico implica que nuevas personas se incorporen al mercado (cuatro de cada cinco automóviles vendidos en China son para personas que nunca tuvieron uno)… y las que ya lo estaban aumenten sus expectativas de consumo.
El otro gigante asiático, India, crece desde 1999 a una tasa de 6,5% y para fin del 2008 lo haría a un 8,4%. Con 1.186 millones de habitantes, suma cada año 17 millones nuevos.
Ambos países se han convertido, por sus colosales crecimientos poblacional y económico, en grandes demandantes de alimentos. Y están traccionando los precios agropecuarios a escala mundial. Por ejemplo, para la campaña 2007/2008 China producirá 14,33 millones de toneladas de soja. Necesitará importar 34 millones más para satisfacer las necesidades de su mercado interno.
Concomitantemente con esto, la crisis energética por la escasez de petróleo ha direccionado las expectativas de rentabilidad en inversiones de cultivos que sirven para producir biocombustibles, principalmente maíz. Esto, conjugado con los problemas suscitados en otras áreas en donde se rompieron las burbujas especulativas (el mercado inmobiliario en Estados Unidos y Europa) ha ocasionado que el flujo de capitales se dirijan a las inversiones agropecuarias, valorizando dichas producciones a altísimos niveles que el tiempo dirá si se trata o no de una nueva recreación de otra burbuja especulativa.
Esta alza mundial del precio de los alimentos es una realidad que se manifiesta en hechos graves. En este año 2008 en Haití, las protestas por el alza de los precios de alimentos dejaron cuatro muertos. También en este año se registraron protestas similares en Egipto, Pakistán, Costa de Marfil, Mauritania, Mozambique, Senegal, Uzbekistán, Yemen, Bolivia, México, Indonesia y Camerún.
El director gerente del FMI (Dominique Strauss-Kahn) ha señalado que la inflación ha vuelto por el alza de los alimentos y que ésta “puede socavar todos los avances en la reducción de la pobreza”. El primer ministro británico (Gordon Brown) ubicó el alza de los alimentos en la agenda mundial al convocar a los líderes del G8 a contrarrestar ese encarecimiento y a examinar el impacto de la producción de biocombustibles en el costo de esos productos. El comisario europeo para el Desarrollo, Louis Michel, advirtió ayer que “se perfila una crisis alimentaria mundial, menos visible que la crisis petrolera, pero con el efecto potencial de un verdadero maremoto económico y humanitario”.
Dentro de esto panorama crítico, en particular los países que son exportadores de alimentos se enfrentan con la disyuntiva de aprovechar los altos precios internacionales de sus productos frente a la necesidad de contener los procesos inflacionarios que el alza de los valores de la producción agropecuaria colocada en el exterior les genera en su mercado interno que también la consume.
México anunció el congelamiento de los precios de más de 150 productos alimentarios básicos hasta el 31 de diciembre de este año, entre los que se incluyen diversas marcas de aceites, frijoles, atún, jugos, sopas, café, leche, entre otros. Uruguay acordó con la industria frigorífica congelar hasta el 31 de agosto el precio de tres cortes de carne vacuna. Brasil suspendió la exportación de arroz.
Una de las vías usadas por muchos países para que el alza internacional de precios en los alimentos (fenómeno denominado por algunos economistas “agflation”) es la aplicación de un impuesto al comercio exterior, focalizado en las exportaciones agropecuarias, denominado retención. Uno de cada cuatro países miembros de la Organización Mundial del Comercio aplica este impuesto. Alrededor de 40 países en el mundo ejercitan este sistema (Malasia, Brasil. Kazajstán, Ucrania, Sudáfrica entre otros). China aplica retenciones para la carne de cerdo y huevos. India aplica similar política con la leche. En febrero de 2008, Rusia aplicó retenciones del 30% a la exportación de cebada y del 40% a las ventas externas de trigo.
Este problema en la Argentina, séptimo productor mundial de alimentos ¿puede resolverlo con el instrumento fiscal de las retenciones? ¿Es suficiente el mismo para salvaguardar a la población local de la explosión internacional de los precios de los alimentos?
4.1. La Argentina frente al crecimiento mundial de la demanda alimentaria: Oligopolio privado y Estado desmantelado para hacer frente a un aluvión.
En el campo del comercio internacional, la Unión Europea cuenta según vimos en la primera parte de este trabajo con poderoso aparato institucional de naturaleza comunitaria para regular el mercado agropecuario. Otros países productores-exportadores de cereales poseen una legislación que permite la decidida intervención del Estado en los mercados agropecuarios. Así también cuentan con instituciones que suelen funcionar como verdaderos entes que monopolizan el comercio de la producción cerealera y la exportación de ésta, bajo el control estatal, a fin de proteger la producción nacional y sus efectores.
De este modo, Australia cuenta con el Australian Wheat Board (AWB) y Canadá con el Canadian Wheat Board (CWB). La canadiense CWB data del año 1935. Fundada dos años después que la primer Junta Reguladora de Granos de la Argentina, el organismo del país del norte sobrevivió a ésta, al IAPI y a la Junta Nacional de Granos. La Canadian Wheat Board continúa hoy realizando sus funciones y soportando los embates de las transnacionales Cargill, Dreyfus, Rahr Malting y Agricore United entre otros que promueven su abolición.
La Australian Wheat Board (AWB) fue por su parte fundada en 1939, y si bien fue privatizada en 1999, sigue monopolizando la compra y venta de la producción triguera del país para la exportación. Padece también los ataques de las mismas firmas transnacionales que arremeten contra la CWB[12].
En tanto que en la Argentina, la reforma del Estado aniquiló a las instituciones que podían tener potestades homologas a la AWB, a la CWB o a los diversos instrumentos de intervención de la Política Agrícola Común de la Unión Europea. Por ende, la regulación del comercio agropecuario nacional migra del Estado al sector privado, que para el caso argentino se trata de un sector transnacionalizado y oligopolizado. Para contener este encrespadas aguas, solo cuenta con los la herramienta fiscal de los Derechos de Exportación (Retenciones).
4.1.1. Los Derechos de Exportación (Retenciones).
Los Derechos de Exportación son un canon que le cobra la aduana nacional al exportador. En el caso de los derechos de exportación que se aplican a la venta al exterior de cereales y oleaginosas, el exportador le compra a los productores al precio FOB,[13] descontada la alícuota establecida que corresponde al Derecho de Exportación. Técnicamente, el que paga el derecho de exportación es el exportador, no el productor, aunque a éste último se le transfiere su costo.
Para el economista Alfredo Zaiat, en un contexto de crecimiento del precio internacional de los alimentos con más dólar alto (a lo que agregamos por nuestra parte la inexistencia de otros mecanismos que intermedien entre la demanda externa y la oferta interna, como lo fuera la Junta Nacional de Granos) los Derechos de Exportación son una herramienta imprescindible de la política económica. Esto así ya que, entre otros factores, los Derechos de Exportación:
Desacoplan el comportamiento del precio internacional de los alimentos respecto del precio doméstico de éstos. Si al productor le conviene vender al exterior por los altísimos precios, va a trasladar estos precios al mercado interno. Si el mercado interno no puede pagar estos altísimos precios, al productor no le interesa ya que puede colocar en el mercado externo su producido. Por eso, en resguardo a la seguridad alimentaria nacional, es preciso morigerar los incentivos que pueda tener el productor para colocar toda su producción fronteras fuera.
Permiten capturar una renta extraordinaria. No se trata de capturar una ganancia extraordinaria, sino renta extraordinaria. ¿Cuál es la diferencia? Véase:
“La economía agraria se distingue de la economía general en la especificidad de la producción agropecuaria. Esta, a diferencia de la producción industrial, reconoce la particularidad de la tierra como factor de producción. La tierra, medio fundamental en el que se apoya la actividad primaria, tiene características propias que lo hacen diferente a los otros factores de producción (trabajo y capital), a saber: no es producida por el trabajo humano, no es reproducible, es limitada en cantidad y es de calidad heterogénea. La renta agraria, entonces, no se origina en la apropiación por el empresario del plusvalor generado por el trabajador asalariado. Se trata de una ganancia extraordinaria de la que se apropian los rentistas (dueños de los campos, pero también el resto de los eslabones que distribuyen y comercializan la producción), originada en ventajas naturales (fertilidad del suelo y clima). Argentina, por obra y gracia de la “pampa pródiga”, tiene una renta agraria diferencial a escala internacional. Como la renta de la tierra es una ganancia extraordinaria, y la tierra es considerada un patrimonio social (por las ventajas naturales), el Estado tiene la facultad de regular la forma en que dicha renta agraria a escala internacional se distribuye al interior de la sociedad[14].”
Otro factor de los que menciona Zaiat es el fiscal. Los Derechos de Exportación permiten acercar recursos al Tesoro nacional, recaudando en un sector que es difícil de asir por su dispersión, extensión territorial e informalidad. Por la naturaleza misma de la actividad agropecuaria, el control jurídico, tributario y fiscal revela alta complejidad. Por ello los Derechos de Exportación son un medio eficiente para gravar por esta vía a las rentas extraordinarias que percibe el sector.
De todas maneras, como veremos a continuación, frente al mapa productivo-económico nacional, los Derechos de Exportación equivalen a un remo de madera que pretende direccionar a un trasatlántico.
4.1.2. Los grupos privados que regulan la exportación de alimentos
Tengamos en cuenta esto: cinco firmas privadas (Cargill, Bunge, Dreyfus, Aceitera General Deza, y A.M.D. Argentina) concentran el 61% de las Exportaciones agropecuarias argentinas. Cargill sola controla el 21% de las exportaciones argentinas de alimentos. Fundada en el siglo XIX, la empresa norteamericana con casa central en Minneapolis llega al país en el año 1947. En la argentina posee cinco puertos cerealeros, cuatro plantas de molienda oleaginosa, siete molinos de trigo, cuarenta y cinco acopios y dos malterías.
Oligopolio privado exportador
Empresa
Granos, aceites y subproductos exportados en millones de Toneladas
Facturación por exportaciones durante el 2007 en Millones de Pesos
Cargill
15,9
8.148
Bunge
10,3
5.328
Dreyfus
8,1
3.394
Aceitera Gral.Deza
5,7
4.183
A.M.D Argentina
5,2
1.364
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Esta concentración capaz de regular las exportaciones internacionales agropecuarias argentinas, se conjuga con el fenómeno del alza mundial de precios de alimentos. Así la producción alimentaria es traccionada para su rentable colocación en el exterior y bajo los requerimientos de la demanda externa, amenazando la propia seguridad alimentaria de la población del país. Esto ya sea por el alza de precios de los alimentos que siendo exportados también se consumen en el mercado interno. O también que los requerimientos de la demanda externa condicionan la producción interna, especializándola en determinados rubros y haciéndola desertar en otros. Todo en menoscabo de la soberanía alimentaria argentina.


Aumento del precio por tonelada del trigo, maíz y girasol.
0,0
25,0
50,0
75,0
100,0
125,0
150,0
175,0
200,0
225,0
250,0
275,0
300,0
325,0
350,0
375,0
400,0
425,0
450,0
475,0
500,0
525,0
550,0
ene-01
mar-01
may-01
jul-01
sep-01
nov-01
ene-02
mar-02
may-02
jul-02
sep-02
nov-02
ene-03
mar-03
may-03
jul-03
sep-03
nov-03
ene-04
mar-04
may-04
jul-04
sep-04
nov-04
ene-05
mar-05
may-05
jul-05
sep-05
nov-05
ene-06
mar-06
may-06
jul-06
sep-06
nov-06
ene-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
Trigo
Maíz
Poroto de
soja
Últimos 12 meses: +112,5 %
6 meses: +63,6 %
Últimos 12 meses: +24 %
6 meses: +45,7 %
Últimos 12 meses: +82,7 %
6 meses: +64,4 %












Fuente: Ateneo Arturo Jauretche
El caso insignia de los riesgos a la soberanía alimentaria esta dado por el poroto de soja. Del total de la producción de esta oleaginosa en la Argentina, el 95% se destina al mercado externo. Los argentinos no consumen la soja que cultivan. Lo que no es un problema. A no ser porque los productores agropecuarios se vuelcan, dada su rentabilidad, a esta gramínea cuyo precio internacional registra un constante ascenso. En este temperamento abandonan otros cultivos y explotaciones agropecuarias menos rentables para la exportación. Pero cultivos y explotaciones agropecuarias que satisfacen las necesidades de consumo interno.
Para los años 1979/1980, el 8% de la totalidad del área cultivada en el país estaba destinada a la soja. En los años 2006/2007, el área sojera equivalía ya al 52% del total.
4.1.3. La concentración del capital.
La alta concentración del capital privado en argentina supone otro inconveniente para un Estado que ha perdido sus instrumentos para la regular el mercado, definir políticas inclusivas, ejercer la autonomía en materia económica y evitar los abusos.
En cuanto a los datos de los actores de la producción agropecuaria tomando la escala productiva, los datos arrojan alta concentración. El Censo Agropecuario del año 2002 contabilizaba en el país a 218.868 pequeños productores[15], que equivalían a los dos tercios del total de explotaciones agropecuarias existentes en la Argentina. Sin embargo, ellos solo poseen en propiedad o arrendamiento el 14% del área agropecuaria total del país. El otro 86% corresponde al tercio restante.
En lo referido al cultivo estrella del agro argentino (la soja, con un 52% del área cultivada) hay 71.000 mil productores. De ellos 69.000 mil manejan el 20 % de la cosecha, mientras que los 2000 restantes controlan el otro 80%.
Grandes grupos concentrados.
Empresa
Facturación por ventas de aceites, harinas y derivados durante el 2007 en el mercado local en millones de pesos
Aceitera General Deza
4.100
Cargill
3.500
Molinos Rio de la Plata
2.500
Nidera
2.400
Vicentin
2.000
Fuente: Revista Veintitrés, Número 509, 3/4/2008
La concentración se percibe también en la estructura de la tenencia de la tierra cultivable. De los emprendimientos agropecuarios existentes en el país, el 9,8% de los mismos concentra la tenencia del 78% de la tierra. Los campos de menos de 100 hectáreas son el 58% de las explotaciones agropecuarias, correspondiéndoles solo el 2,8% de la tierra.
En el peldaño más alto, tenemos a 6900 propietarios (familias, empresas o empresas-familias) que son dueños del 49.7 % de la superficie cultivable y productiva del país. Los mayores terratenientes son:
Mayores terratenientes del agro argentino
Empresa
Propiedad de tierra cultivable en miles de hectáreas
Cresud
450
Adecoagro
200
Grupo Bemberg
143
Grupo Los Grobo
117
Grupo Werthein
100
Fuente: Revista Veintitrés, Número 509, 3/4/2008
Ahora bien: ¿Cuál es la gravitación de la tenencia de la tierra en una actividad como la agropecuaria? ¿No significa solo el mero asiento espacial donde esa actividad agropecuaria tiene lugar? ¿No podría equipararse el fundo agropecuario con el edificio de la fábrica industrial? Veamos primero algunas nociones.
La realización, fabricación y comercialización de productos industriales tienen dos componentes: el costo y la ganancia. La actividad industrial es dinámica por definición y conlleva alto riesgo en la inversión. Si las ganancias no logran solventar los costos, la explotación se encamina al quebranto ya que el valor de los activos fijos (por ejemplo edificio de la fábrica) es marginal comparativamente con la valuación del resto de la inversión en otros factores productivos integrantes de una actividad tan compleja, móvil, interdependiente y multi-relacionada como es la industrial.
En otras palabras, si el industrial no vende el producto que fabricó, de poco le servirá la fábrica en donde lo hizo, ya que la misma no tiene gran significado económico escindida de la actividad que en ella se desarrolla. El capital fundiario es trivial en la valuación del emprendimiento. Además, en términos relativos con la actividad agropecuaria, los factores naturales son absolutamente secundarios. Lo que cuenta es la actividad que desarrolle el hombre.
A diferencia, la producción agraria tiene tres componentes: costos, ganancia y renta de la tierra. La variación de la renta de la tierra se debe a ventajas comparativas estáticas (clima, fertilidad del suelo). A su formación, la acción del hombre no ha contribuido. La renta de la tierra se mide por el margen de ganancia superior que obtendrá un productor, respecto de otro productor que aplicó a su emprendimiento igual dotación de recursos pero en un fundo menos favorecido por la naturaleza.
Los factores naturales preexistentes son vitales para la suerte del emprendimiento agropecuario. Por ello el capital fundario es el primer rubro en importancia a la hora de valuar el emprendimiento.
Tenemos así que gran parte de la utilidad que obtienen los dueños de las mejores tierras (como lo son las de la pampa húmeda argentina) si bien son importantes la inversión que han realizado y su esfuerzo, se deben principalmente a las condiciones naturales de las que por fortuna son beneficiarios. Es por esto que la tierra tiene por si sola una inmensa gravitación económica, aún escindida de la producción contingente que en ella se realice. De allí que las tierras de la pampa húmeda argentina tengan una cotización, valuada en dólares, similar o superior a las mejores tierras agropecuarias de los Estados Unidos.
Lo antedicho (competitividad excepcional de la tierra más concentración de su tenencia) moldeará la conducta del sector terrateniente frente al resto de la sociedad. Sin embargo, a estos datos verificables en lo cuantitativo debe conjugarse también otro factor vernáculo no mensurable, pero quizás de mayor influencia. Un factor extra que se alinea junto a los móviles volitivos de cualquier alta burguesía.
Se trata de un rasgo histórico-cultural de la alta burguesía agropecuaria argentina que ha sido capaz de configurar un imaginario social, mismo que se ha esparcido al resto de la sociedad por tradición y mimesis. Este imaginario se caracteriza por la autocomplacencia y el egocentrismo que excluye al otro. La adopción de esta percepción de la realidad, tergiversada por el preconcepto, es lógica y casi natural que se de en nuestro país.
Consideremos que la formación de nuestra nación y de su Estado se dio bajo la hegemonía política, económica y cultural de una clase terrateniente insertada en el librecambismo económico y el discurso político liberal que lo justificaba. Esta clase vivió los años fundacionales en la soledad del autismo al no tener oposición de otros sectores de la sociedad nacional aún en estado larvario y carentes de poder político. Es casi inevitable que estos sectores pensaran que la Nación eran solamente ellos.
La herencia cultural que dejo aquella clase terrateniente en la cúpula actual del sector agropecuario (sus herederos más reconocibles en el presente) es reaccionario, negador de la dinámica social, del surgimiento de nuevos actores con reivindicaciones y de la legitimidad del único instrumento al que pueden acudir éstos para hacerlas efectivas: la intervención del Estado.
Siguiendo a Aldo Ferrer, entendemos que todo dinamismo integrador, diversificado, desarrollista y productivo implica una amenaza para este sector. Porque producto de este dinamismo pueden surgir como emergentes nuevos actores que le disputarían poder al cambiar la matriz tradicional de nuestra estructura productiva desequilibrada. Lo mejor es entonces es que la matriz no cambie y se mantengan en su cúspide quienes vienen siendo los ganadores de la misma.
Esta impronta, por hegemonía cultural, penetra también vastos sectores de la clase media.
Tal cúmulo de percepciones, prejuicios y preconceptos hoy vigentes hicieron que la cúpula agropecuaria apoyara las políticas neoliberales que, desregulando la actividad y no aplicando retenciones, sin embargo extraía el 50% del excedente agropecuario a través de la política sobre-valuación de la moneda[16].
Lo paradojal se da en la cerrada oposición y ferocidad con la que hoy esta cúpula enfrenta a la actual administración, que lejos de amenazar su rentabilidad, la promueve manteniendo un tipo de cambio competitivo, lo que le cuesta al Estado aproximadamente 12.000 millones de dólares para intervenir en el mercado a través de una “flotación cambiaria sucia”. Actualmente el Estado vía retenciones y conjugado esto con el mantenimiento de un dólar alto, solo le apropiaría al sector un 25% de su excedente. Apenas la mitad de lo que ocurría la década pasada cuando no había oposición a las políticas neoliberales[17].
La agricultura y la ganadería equivalen aproximadamente a un 6% de PIB del país. Algo más que la veinteava parte de la producción nacional. Desde el año 2003, por cada puesto de trabajo que generó el sector rural en la argentina, la industria y los servicios crearon diecisiete. No debe sorprender esta baja incidencia. Si bien se trata del sector más competitivo para nuestro comercio internacional, el valor agregado del mismo es escaso.
El panorama cambia si conjugamos a la agroindustria. La agroindustria (acá ya aparece el valor agregado) sus derivados y su servicios vinculados, junto con la agricultura y la ganadería pasa a representar la tercera parte de la economía nacional, ocupando también a un porcentual equivalente dentro de su población económicamente activa.
Al momento de considerar el comercio internacional, y por causa de la competitividad del sector, las exportaciones agropecuarias, agroalimentarias y agroindustriales argentinas equivalen al 55% del total de las ventas argentinas al exterior.
En lo último tenemos la vinculación del sector con la generación de divisa para el país, mucha de la cual se destinan al pago de la deuda externa. La dependencia de la economía argentina con su sector agropecuario se imbrica directamente con su dependencia externa.

Rubro
Firmas que controlan el mercado interno.
Porcentaje controlado.
Fertilizantes
· Profertil
· Petrobrás
79%
Agroquímicos
· Bayer
· Aventis
88%
Herbicidas
· Bayer
· Aventis
· Dowagrosciencies
77%
Pan blanco y pan negro.
· Fargo
· Bimbo
· La Salteña
90%
Galletitas dulces
· Danone
· Arcor
· Krati
75%
Leche
· Sancor
· Danone
66%
Yogures
· Sancor
· Danone
· Parmalat
74%
Cerveza
· Quilmas
· Brahma
81%
Gaseosas
· Coca Cola
· Pepsi
84%
Supermercados
· Coto
· Disco
· Jumbo
81%
Concentración en rubros relacionados con la producción agroalimentaria y su comercialización.
Fuente: Fuente: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
4.1.4. La concentración del capital y sus consecuencias para el consumo interno.
La turbulencia externa de precios, la concentración de la producción, el oligopolio en la comercialización exportadora encuentran su correlato en un mercado interno que, consumiendo las mismas materias primas que se venden al exterior, está también dominado por pocas manos.
Esa situación genera abusos en la intermediación y en la rentabilidad obtenida en la cadena de formación de los precios. Por ello, no es infrecuente ver que al consumidor le llega en el supermercado un producto alimentario cuyo valor se ha multiplicado por cinco o más desde que le fue pagado al agricultor que lo cultivó hasta que arribó a la góndola. El margen de ganancia obtenido por el comercializador privado es desmedido e injusto, pero el Estado no cuenta con demasiados instrumentos para intervenir fuertemente en una cadena controlada por pocas manos.
5. Algunas conclusiones
Hemos visto en estas líneas la fortaleza, el profundo desarrollo y sofisticación de la institucionalidad reguladora con que cuenta la Unión Europea y otros países desarrollados para promover y ejercitar sus políticas públicas en materia agropecuaria. Herramientas de las que el Estado argentino carece. Y las carece siendo un Estado que tiene que administrar un país que es el séptimo productor mundial de alimentos, y que vende al exterior nueve veces más alimentos de los que consume internamente. Un país con una estructura productiva desequilibrada, desarticulada y concentrada. Un país que experimenta los sacudones del vendaval del aumento internacional de los productos agropecuarios.
La pregunta que nos surge es cuales son los factores que le impiden al Estado argentino generar una institucionalidad regulatora similar a los países desarrollados. O al menos recrear la se tuvo desde el año 30 hasta el año 91.
La respuesta que acá ensayamos es que el impedimento es puramente político. La estructura productiva argentina en sus notas esenciales no ha variado demasiado desde el año 1930 hasta el presente. Las oscilaciones que experimentado lo fueron en el sentido de profundizar su primarización relativa y transnacionalización.
A similar estructura productiva desequilibrada (sector agropecuario competitivo y extravertido, sector industrial que precisa para su desarrollo de la protección estatal) tendremos en la superestructura montada sobre ella variaciones contingentes de marquesinas, pero roles idénticos y casi el mismo guión de siempre. Así, la argentina no logra superar su dilema histórico.
Hay sectores de los agro negocios concentrados, rentísticos y extravertidos que pujarán por mantener el inmovilismo del Estado, justamente porque es la única entidad que puede, desde el ejercicio de la soberanía, alterar ese orden de cosas inequitativo del cual se favorecen. Una costumbre secular de imperturbabilidad de sus intereses ha llevado a este sector a ver como amenazas las intervenciones más nimias de un Estado que durante el siglo XX y lo que va de éste jamás planteó con voluntad política de hacer una reforma agraria, ni la expropiación de los cuatro conglomerados privados transnacionalizados que siempre regularon y manejaron a su arbitrio nuestras exportaciones agroalimentarias.
El grupo concentrado propaga su accionar y persuasión, capilarmente, a actores del sistema financiero, la industria, los medios de comunicación masiva controlados y hasta la misma administración pública entre tantos otros. Su poder no ha logrado catalizarse en la construcción de una fuerza política formal que los represente, sino en la colonización de las instituciones y manifestaciones políticas ya existentes.
En tal contexto, la clase media argentina, hacedora electoral de gobiernos, hace suya por cuestiones de hegemonía gramsciana (y tilingueria jauretcheana) las fórmulas forjadas en fraguas que no son las suyas. La sed de ascenso en la escala de la sociedad, pero sobre todo, el pánico a volver a ese origen popular de la que ella proviene pero disimula y quiere olvidar, harán el resto.
En estos días se habla de la gran oportunidad que reporta el aumento del precio de su producción más competitiva de la argentina: los alimentos. La pregunta es ¿Oportunidad para quien? Si la ecuación se resuelve como resuena en las tribunas y oradores a los que si les llega el micrófono y la cámara, el aprovechamiento pasa por una nueva reducción de la intervención de un Estado ya raquítico. Y sin dudas que la ocasión será aprovechada, y las ganancias el club de la concentración (formado por socios transnacionalizados y sus convidados locales) pasara del plano estratosférico al astronómico, satisfaciendo la demanda externa y encareciendo (por no decir desabasteciendo) al mercado interno para lamentos y tribulaciones de la clase media empobrecida una vez más, que no verá los excedentes de la actividad porque estos serán fugados como siempre al exterior o al consumo suntuario en el más optimista de los casos. Al menos la clase media le quedará el consuelo de arreglárselas para culpar exclusivamente al Estado por todo. Culpar a ese Estado que ella contribuyo a debilitar.
En el ámbito de la experiencia actual se ha montado el lock-out agropecuario más largo de la historia, con cortes de ruta, con desabastecimiento a los centros urbanos y con agresiones físicas e intimidaciones silenciadas por los medios. El fin perseguido es bajar unos puntos las retenciones a exportaciones sojeras que parecen convertidas en Jerusalem y Meca de la cuestión agropecuaria argentina. Empujan el accionar un crispado y variopinto colectivo integrado por transnacionales, latifundistas, brokers de agronegocios, desorientados chacareros de subsistencia, clase media muy urbana y más hegemonizada todavía… y candidatos derrotados electoralmente que ven en el conflicto la esperanza de esa resurrección que les viene negando su propia incapacidad de construcción política.
Y todo el caos porque el Estado toco los derechos a la exportaciones (retenciones), una de las pocas herramientas de intervención que puede usar y que posee en verdad bastante poco efecto transformador. ¿Que hubiera pasado entonces si restauraba la Junta Nacional de Granos, dictaba una nueva ley de arrendamientos rurales con criterio social y ambiental, limita el uso y goce de la gran propiedad rural, expropia alguna transnacional monopólica? ¿Que hubiera pasado si volvía el IAPI? El crispado y variopinto colectivo esta vez hubiera declarado la Jihad.
La institucionalidad reguladora europea en materia agropecuaria, aun con las profundas y abismales diferencias existentes entre el viejo continente y la Argentina, puede dejarnos algunas importantes enseñanzas. Y, como no, también la posibilidad de un ejercicio digno de un arte marcial oriental. Éste pasaría por usar la fuerza del rival para derrotarlo. Algo así como aprovechar la vocación extranjerizante de la intelectualidad liberal argentina y mostrarle como se hacen las cosas en esos países que tanto alaban.
Porque en el “primer mundo”, no hay hortaliza que se escape de la regulación estatal.
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[1] Palabras de Hafez Ghanem, Subdirector General de la FAO. Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Mayo 2008.
[2] La soberanía alimentaria es el derecho los países o uniones de estados a definir su política agroalimentaria garantizando el autoabastecimiento de alimentos para sus habitantes. Implica el derecho de los campesinos a producir alimentos respetando sus pautas culturales, y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir garantizando el acceso a una dieta rica y variada integrada por productos que pueden ser producidos en el país o Unión de Estados.
[3] Términos de intercambio. Relación que existe entre los precios medios de importación y de exportación para todos los bienes y servicios que son objeto del intercambio. Puede decirse que, para un país determinado, los términos de intercambio son favorables cuando evolucionan de tal modo que, para un volumen constante de exportaciones, es posible importar una mayor cantidad de bienes del extranjero. En el caso contrario se habla de desmejora o de deterioro de los términos de intercambio. (Sabino, 1991)
[4] Es dable señala también que la producción agropecuaria comienza sufrir un estancamiento por el modo extensivo que había adoptado en la Argentina, que hacía depender su crecimiento de las extensiones de tierra que se sumaban a la producción y no de la introducción de tecnología. . Para el año 1920, ya toda la tierra disponible había sido ocupada.
[5] Las exportaciones argentinas eran el 3% del total mundial en 1929, el 1,5% en 1950 y el 0,5% en 1970.
[6] “Bienes de consumo: Dícese de los bienes que son utilizados para satisfacer las necesidades corrientes de quienes los adquieren, es decir, cuya utilidad está en satisfacer la demanda final de los consumidores. Los bienes de consumo se diferencian de los de capital por cuanto no tienen por objeto producir otros bienes o servicios, sino atender a las necesidades directas de quienes los demandan.” (Sabino, 1991) Por ejemplo un lavarropas doméstico en un típico bien de consumo.
[7] “Economías de escala. Existen economías de escala en la producción de un bien cuando el costo medio del mismo disminuye, en el largo plazo, al aumentar la escala en que se lo produce. En el caso contrario, cuando los costos aumentan al aumentar la escala de la producción, se habla de deseconomías de escala...”.(Sabino, 1991) O sea, para aprovechar la escala se necesita la existencia un mercado consumidor amplio que garanticé producir el bien en grandes cantidades para satisfacer una demanda extensa.
[8] “Bienes de capital: Aquellos bienes cuya utilidad consiste en producir otros bienes o que contribuyen directamente a la producción de los mismos. El concepto engloba así tanto a los bienes intermedios -que forman parte de proceso de producción- como a los bienes de producción en sí mismos.” (Sabino, 1991). Por ejemplo, la maquinaria robotizada de una línea de montaje industrial de lavarropas domésticos en un bien de capital. Los bienes de capital requieren de mayor capacidad y técnica para su fabricación que la precisada para los bienes de consumo.
[9] Carta del Presidente del Banco Central al Ministerio de Hacienda.
[10] Novick, Susana: IAPI: Auge y decadencia. Editorial Catálogos, Buenos Aires 2004.
[11] Esteban, J.C.: Reflexiones sobre la crisis financiera argentina. Ediciones Liberación Nacional, Buenos Aires, 1959, página 14.
[12] Bernal, Federico, “El Regreso del IAPI” en Le Monde Diplomatique, Mayo 2008, Buenos Aires.
[13] FOB (Free On Board). La expresión se utiliza para valorar las exportaciones y se define como "libre a bordo". Se refiere al valor de venta de los productos en su lugar de origen más el costo de los fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la mercancía hasta la aduana de salida.

[14] Diario Página 12, 28 de Junio de 2008, Buenos Aires.

[15] “Las explotaciones agropecuarias de pequeños productores son aquellas en las que el productor o socio trabaja directamente en la explotación y no emplea trabajadores no familiares remunerados permanentes” (Censo Agropecuario 2002).

[16] La otra parte de este apoyo lo sea quizás porque las inversiones de estos grandes propietarios se canalizaron en gran parte fuera del campo y al sector financiero en donde pudieron obtener sensibles ganancias.
[17] Ver Suplemento CASH, Diario Página 12, domingo 30 de marzo 2008.