1. Descripción de la estructura socio-económica histórica.
Históricamente, Latinoamérica se integró al mundo en subordinación a Europa bajo lo que podemos llamar el modelo “agro-minero extractivo exportador”. Tal modelo va conformando una estructura socio económica local que, en su relacionamiento con el sector externo, definirá incluso el surgimiento y configuración de las nacionalidades en nuestra región. Aparecerán así Estados soberanos en lo político formal, pero dependientes en lo económico real por una situación periférica adquirida que los moldeó en lo económico, político y cultural. En este estado de cosas, las elites de los países periféricos que controlan los recursos naturales tienen mayor coincidencia de intereses con los países centrales (demandantes de estos recursos) que con las propias necesidades de desarrollo de la mayoría de sus con-nacionales.
La resultante entonces es la dificultad en estas naciones para el arraigo de una democracia que supere lo adjetivo. Es que una democracia sustantiva, al regirse por la mayoría, canalizaría las reivindicaciones de la generalidad de la población. Lo que colisionaría con un modelo que es excluyente por definición. Un orden basado principalmente en el aprovechamiento de las ventajas comparativas estáticas naturales para la exportación, deviene en poco intensivo en uso de mano de obra y del conocimiento local. No requiere de participación de las masas. Además, al ser la agenda impuesta por la demanda –y la inversión- internacional, sobreviene en desarticulado interiormente. Del bajo empleo de mano de obra y de conocimiento local surgen los bajos ingresos y el desempoderamiento de la población. Lo que conlleva la imposibilidad del crecimiento del mercado interno.
La estructura que resulta es heterogénea. Conviven en un mismo territorio una minoría que se integra exitosamente al comercio internacional merced a la competitividad estática de sus productos primarios (agrícola, minero) con una mayoría desarticulada con problemas de empleo y construcción de ciudadanía. Dado el bajo desarrollo del sector secundario (industria) y terciario (servicios), el excedente generado en la producción primaria migrará fronteras fuera para la adquisición de artículos elaborados que el país no es capaz de producir competitivamente. Lo que limita las posibilidades de generación de trabajo y conocimiento interno, consolida la dependencia tecnológica externa, limita la inversión local, consolidando la estructura.
La economía argentina se inscribe en este orden, evidenciando lo que se denomina “estructura productiva desequilibrada”. Esto es, un sector primario exportador competitivo que convive con un sector secundario no competitivo. Lo desarticulado de esta estructura tiende a su auto-reproducción.
En una estructura productiva desequilibrada, el complejo productivo primario del país se orienta a la exportación. Así será dependiente de la demanda externa, la que terminará configurando su diseño. El sector primario extravertido no crea demasiadas interdependencias dentro del territorio, ni tampoco requiere intensivamente de mano de obra ni conocimiento (en términos relativos a los que si genera la industria). Al estar abocado al comercio internacional, es el sector que genera divisas.
Como contra-cara, el complejo productivo industrial. Siendo intensivo en mano de obra, conocimiento y en las interdependencias que crea hacia adentro del territorio, por su desarrollo tardío no ha alcanzado competitividad para exportar. Por ello, debe limitarse a un mercado interno insuficiente y requiere de la protección estatal. Para poder equiparse con bienes de capital producidos en el extranjero, precisa de divisas. Tanto su protección estatal como las divisas requeridas son solventados entonces con los excedentes que salen de las exportaciones agropecuarias. Si hay un Estado que desee promover la industria, parte de las ganancias del sector primario tendrán que ser transferidas para sostener al sector industrial. Allí surge la razón para la aparición de conflicto político de un complejo agro-exportador que no desea resignar sus utilidades y su postura histórica en contra de la regulación estatal.
En una estructura productiva desequilibrada basada en la exportación de productos primarios, el modelo es extravertido, con lo que los recursos necesarios para el desarrollo interno, terminan migrando fronteras fuera siendo incapaces de despertar un potencial territorial que no se integra entre si. Esto lo vemos claramente en términos regionales en Argentina. En un país con dimensión continental (el octavo en tamaño del mundo) una sola región que representa la quinta parte de su superficie concentra las tres cuartas partes de su producto bruto. Se trata de la pampa húmeda, la que consiguió integrarse –en dependencia- al circuito del comercio internacional a través de sus exportaciones agropecuarias. La movilización de la inversión privada (extranjera o local) en su búsqueda de rentabilidad, naturalmente se dirigirá a esta área, profundizando el desequilibrio. El potencial del resto del territorio (en el sentido holístico de sus recursos de capital natural, construido, financiero, humano y social) queda relegado.
Un modelo primario extravertido y desequilibrado da como resultante un país “chico” y “para pocos”. Al no despertar todo el potencial interno dormido en el territorio, las posibilidades de crecimiento quedan tempranamente truncadas. El problema para el cambio de este orden de cosas es político. De despertarse el potencial aletargado, quienes eran los ganadores del sistema extravertido verían peligrar su hegemonía frente a los nuevos actores que surgirían. Por eso es lógico que los primeros traten de mantener el status quo y el orden soporífero que les asegura su preeminencia, aún cuando esto conspire contra el desarrollo nacional.
Los trazos generales de esta estructura se mantuvieron incluso durante los cambios de paradigmas que acaecieron en el país. Así ocurre en el modelo agro-exportador, en el modelo de sustitución de importaciones con industrialización parcial e incompleta y en el modelo de valorización financiera con fuga de capitales del que salimos recientemente. El desafío es proveer a un cambio de estructura que movilice todo nuestro potencial interno. Pero eso no ocurrirá si se deja subordinado todo a la agenda impuesta por el sector externo y la minoría local coaligada a él. La dificultad política está allí. Nadie resigna dócilmente su posición hegemónica de tantos años, máxime cuando ésta cuenta con la ventaja cultural de haberse enraizado en la conciencia de las capas medias como una situación natural y hasta funcional a los intereses de todos. Cuando en realidad no lo es. Ni nunca pudo haberlo sido.
2. El modelo propuesto.
El modelo que proponemos, el modelo en el que creemos es el de acumulación de matriz diversificada con inclusión social. Significa el despertar de todas las potencialidades materiales y humanas de todo el territorio argentino para que sus beneficios lleguen a toda su población.
No incurriremos acá en el error de plantear la falsa dicotomía entre agro e industria, campo o ciudad. En una visión de desarrollo territorial competitivo, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, lo agrícola y lo fabril, lo rural y lo urbano son partes de un mismo todo integrado. No se oponen. Se complementan o directamente se fusionan. Cuando se produjo la Revolución Industrial, no es que la agricultura desapareció. La agricultura solo se industrializó. Cuando la Revolución Informático Comunicacional, no sucedió que la industria feneció. La industria solo se informatizó y telecomunicó. El crecimiento del sector servicios que se registra no tiene que ver con un tercer sector autista. Son solo los servicios resultantes de la sofisticación de la actividad industrial y agrícola.
Lo que si es innegable es que, por su complejidad, la actividad industrial transformadora conlleva integración e interdependencias intra y extra sectoriales, articulación y generación de saberes y empleo de mano de obra que la dotan de un dinamismo idóneo para movilizar la potencialidad del territorio.
La coyuntura global de crecimiento de población, ingreso de importantes partes de la misma (sobre todo en los BRIC) a pautas de consumo más elevadas y crisis de la producción de combustibles fósiles, ha incrementado la demanda de productos agropecuarios que nuestro país produce eficientemente. Si dejamos que sea solo esta la variable que oriente nuestra estrategia de desarrollo, o dicho en otras palabras, si la dirección de las políticas para el crecimiento económico son guiadas solo por la demanda y la inversión externa, el panorama es sombrío a futuro para la Nación. En los países centrales, la tendencia es concentrar el conocimiento y las tecnologías dentro de sus fronteras, delegando a las economías periféricas las actividades más simples y de baja calificación. Además, los capitales transnacionales buscan la rentabilidad rápida, sin riesgos ni asunción de compromiso con el territorio. Teniendo en cuenta estos dos factores, puede presumirse que la actividad agropecuaria argentina a merced de estos estímulos no superara nunca la producción de comodities con poco o ningún valor agregado. Que es lo mismo que decir que se renuncia a su industrialización, comercialización e incorporación de tecnologías del conocimiento. Los resultados de esa variante son la migración del excedente producido en nuestra geografía hacia otras latitudes y la imposibilidad de movilizar nuestro adormecido potencial interno.
Esto es algo que ya conocimos cuando el modelo agro-exportador. La división internacional del trabajo impuesta desde los centros y que se aceptó pasivamente en estas latitudes, provocó que nuestros excedentes generados en la producción agropecuaria se orientaran al consumo de productos industriales que fabricaban los países desarrollados y a una inversión (gerenciada desde el extranjero) que solo consolidaban el esquema primario de nuestra economía. Esto explica el estado de endeudamiento externo permanente, la des-industrialización y la no ocupación de los nodos logísticos y comerciales estratégicos para capturar una renta que fluía fronteras fuera.
Si comparamos la escena actual con aquella de hace cien años, suplantaremos la fabril Inglaterra con sus obreros demandantes de proteínas, por las pujantes China e India y su población ciclópea que entra masivamente al circuito del consumo. Eso cambió. Pero nuestra producción sigue igual de primarizada que antes, la cadena de insumos y comercialización continúa concentrada y transnacionalizada (que con su poco o nulo compromiso territorial se queda con la mayoría abrumadora de la renta) y un sector financiero regido por las concepciones e instituciones tan liberales como las de antaño. Con lo que si el Estado deja hacer y pasar, repetiremos la amarga experiencia del pasado. Y esto por factores de los previsibles e imprevisibles. Es imprevisible cuando la demanda internacional de nuestros productos sufrirá un giro brusco que nos dejara sin mercados. Si podemos prever que, aunque esta demanda se mantenga en el tiempo, la relación en los términos de intercambio bastante conveniente en la actualidad se ira deteriorando paulatinamente a favor de productos que tengan mayor valor agregado tecnológico.
La intervención del Estado es imprescindible a través de políticas activas. Si consentimos su retiro y dejamos todo librado a la oferta y la demanda, solo podemos esperar una re-primarización de nuestra economía con los problemas de empleo, equidad social y sostenibilidad ambiental que esto traerá.
Partiendo de una estructura productiva desequilibrada como la nuestra, para revertirla el Estado debe establecer un tipo de cambio diferenciado. Uno para el sector de ventajas comparativas estáticas naturales que goza de una rentabilidad extraordinaria. Otro para el sector que, requiriendo mayor uso intensivo de capital tecnológico, tiene dificultades para desarrollarse. Los dos periodos más exitosos de la economía Argentina en términos de crecimiento (1963-1974 y 2003-2010) en los últimos 50 años contaron con la aplicación de tipos de cambio diferenciados. Las retenciones a las exportaciones agropecuarias son eso. Tipo de cambio diferenciado. Además de evitar los efectos inflacionarios que tendría un monocultivo exportador hiper rentable sobre todo el resto de la economía, apuntala a su vez la actividad transformadora. En la actualidad el crecimiento de la industria y de sus exportaciones (superior en aceleración incluso al del sector primario) prueban lo acertado de la formula.
Se promoverá (ante la necesidad de generar empleo, tecnología y ante un previsible y futuro deterioro de los términos de intercambio) el impulso al agregado de valor en toda nuestra producción. Transformar la ventaja comparativa estática natural en ventaja competitiva dinámica basada en la invención y el conocimiento humano. En lo que respecta a lo agropecuario, superar el estadio de ser un país productor de biomasa (sin o de escasa transformación) para pasar a ser un país productor de alimentos terminados con agregado de valor tangible (elaboración industrial) e intangible (calidad, diferenciación, trazabilidad). Este vector implicaría profundizar también la transformación de los cultivos en el terreno, obteniendo a la vez bio-combustibles y productos químicos y farmacéuticos. Para ponerlo en términos simbólicos, Argentina tiene que dejar atrás al “Granero del mundo” para pasar a ser la “Góndola del mundo”, la “Farmacia nutraceutica del mundo”, “la Planta bio-industrial del mundo”. Todo en un proceso que no pretende agotarse en lo agroindustrial. La agroindustria solo debe ser el gran disparador que incite el surgimiento interdependiente de otras actividades que hagan uso intensivo de tecnologías y conocimiento para generar riqueza y empleo en el territorio.
La intervención del Estado es esencial en este cometido no solo a través de medidas cambiarias y fiscales, sino a través de políticas públicas orientadas a la promoción del conocimiento. No es errado en este sentido (tal como demuestra la experiencia del sudeste asiático) apoyar al capital de origen local, o al capital de origen público, para la innovación tecnológica autóctona de la actividad económica. Asimismo, se requiere una regulación de las cadenas de comercialización, exportación y servicios financieros para que no haya una apropiación in equitativa de la renta que desaliente la producción. A la vez, se recobraría autonomía en la toma decisiones con miras a encaminarlas desarrollo territorial humano y sustentable, y no a la búsqueda de ganancia rápida o especulativa.
Deben mantenerse y acrecentarse las políticas actuales de incentivo al consumo. Además de su efecto re-distributivo, son pilar para la expansión de la demanda local que fortalecerá un mercado interno hoy todavía insuficiente.
En la actualidad la inversión ha crecido de forma importante. No obstante, para un perfil de desarrollo territorial autónomo, habrán de profundizarse cambios en la regulación del sistema financiero (e incluso mayor participación pública en él) para facilitar que el ahorro local pueda volcarse fluidamente al financiamiento de la actividad productiva, sobre todo del sector PYME que, siendo el que más empleo genera, continúa con problemas para el acceso al mercado de capitales.
El excedente producido en el territorio debe ser reinvertido en él. El desincentivo de la des-localización de la renta y la fuga de capitales es materia de regulación pública necesaria y urgente.
El impulso a la competitividad del sector manufacturero y de conocimiento intensivo por medio de una intervención estatal activa (intervención que aplican todos los países desarrollados) debe estar dotada de instrumentos de políticas sofisticadas y de adecuados marcos regulatorios. La experiencia enseña que, los regimenes de promoción industrial sin mayor formulación, pueden ser funcionales a la concentración del capital. Esto sucede cuando las firmas beneficiarias de la promoción son ínfimas en número. En tal caso, las políticas de promoción terminarán fungiendo en estímulo a la oligopolización, lo que menoscaba la competitividad, el ímpetu innovador y la expansión del mercado. Tengamos en cuenta que, varios de los grupos económicos que después condicionaron negativamente al desarrollo nacional, fueron los que crecieron entre los años 60 a 80 al calor de los regimenes promocionales en la argentina. Sirviéndose de éstos, controlaron toda la rama de producción en la que se desempeñaban, configurándose en un freno a la competitividad. Además, tales grupos expandieron su actividad a lo agropecuario y lo financiero, desdibujando su rol industrial. Dentro de sus manejos financieros, actuaron como factor de endeudamiento público al transferirle al Estado (vía avales, pases, seguros de cambio, pesificación) sus pasivos externos, obteniendo beneficios extraordinarios.
Es por ello que la intervención estatal debe establecer el marco regulatorio adecuado para fomentar la competencia, las interdependencias horizontales, evitar los monopolios, impulsar la competitividad y la innovación. En esta inteligencia, son las PYME las que deben ser especialmente apoyadas.
En la búsqueda de la competitividad fabril, debe preverse que luego de una acelerada etapa de producción de bienes de consumo no duradero e insumos básicos, el crecimiento industrial pasa hacerse más sofisticado ante la necesidad de incorporar nuevos insumos complejos y bienes de capital. En el presente, el paulatino estrechamiento del superávit comercial se debe a la progresiva necesidad de importación de bienes tecnológicos que el país no produce, como la maquinaria y equipo. Este camino de tecnificación debe seguir una estrategia de política pública, de manera de no profundizar la dependencia tecnológica del país, cosa que pasó entre la segunda mitad del Siglo XX cuando el proceso de crecimiento e integración fabril evolucionó respondiendo principalmente a las necesidades de multinacionales y flujos de capital extranjero que lideraban la actividad. Para evitar la dependencia tecnológica, son necesarias como ya se dijo inversión pública, regulación, apoyo al capital de origen nacional y fomento decisivo del conocimiento local.
La expansión que importa la diversificación de la matriz productiva y de los actores de la misma redunda en el empoderamiento de la mayoría de población (factor que explica la resistencia al cambio de parte de algunas minorías) y a la mejora económica que se vuelca en el consumo, retro-alimentando el proceso. Aquí la experiencia historia nos debe enseñar que (al igual que ocurrió durante el Siglo XX con el modelo de sustitución de importaciones) los limites de la demanda en cada uno de los países de la región aisladamente considerados, limitan la escala y especialización requerida para la eficiencia productiva. Es menester entonces profundizar la integración sudamericana que amplíe el mercado al continente en condiciones de autonomía política, maximizando a su vez la capacidad de negociación soberana a escala global de toda la región.
Es imperativa la necesidad del fortalecimiento del SNI (Sistema Nacional de Innovación) entendido éste como la red de agentes e instituciones públicas y privadas (gobierno en sus tres niveles, empresas, universidades, agencias de desarrollo, instituciones sociales de fomento, etc.) que se articulan territorialmente para la introducción de nuevos productos y procesos tecnológicos en la economía. La condición necesaria para esto es la reconstrucción y promoción del capital social en el país. Algo para lo que la organización política es indispensable.
La matriz de acumulación diversificada con inclusión social es el perfil que queremos para nuestra argentina en ésta, nuestra hora. Conlleva la inserción internacional en condiciones autónomas. Apuntala la integración sudamericana. Implica equilibrio armónico de las distintas regiones del país. Impulsa el desarrollo territorial. Despliega el potencial material y humano del país. Promueve la creación y adopción de tecnología y conocimiento. Apareja distribución equitativa de los beneficios de la producción. Salvaguarda la sostenibilidad ambiental. Desincentiva la fuga de capitales y deslocalización de la renta. Empodera a la población.
En otras palabras, traduce el lenguaje de hoy el anhelo de siempre: Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social.